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Nueva dificultad para los inmigrantes: Dejar los cupones de alimentos o arriesgarse a ser deportados

La política de Trump a partir del lunes restringe Medicaid, asistencia de vivienda y otros beneficios públicos para aquellos que buscan residencia.
Marisol Lopez, 42, envió su solicitud de residencia permanente hace un mes. [JUAN CARLOS CHAVEZ / TIMES  |  Times]
Marisol Lopez, 42, envió su solicitud de residencia permanente hace un mes. [JUAN CARLOS CHAVEZ / TIMES | Times]

TAMPA — Como madre soltera de seis hijos y haber trabajado durante años limpiando oficinas y hogares, Marisol López cree que merecía los cupones de comida que estuvo recibiendo hace cinco años.

López vino a los Estados Unidos ilegalmente desde México hace 20 años, pero siempre pagó sus impuestos, dijo López, trabajó duro y trató de dar lo mejor de sí.

Ahora, bajo una nueva regla federal de inmigración que entrará en vigor el lunes, los cupones de alimentos pueden convertirse en un boleto a la deportación para muchos inmigrantes.

La nueva directiva, conocida como la Regla de Carga Pública, establece una serie de requisitos y limitaciones que harán que más personas no sean elegibles para permanecer en los Estados Unidos legalmente.

No se aplica a aquellas personas que ya son residentes permanentes o que solicitan el cambio de estatus hasta la fecha máxima establecida, que vence el 24 de febrero.

López, de 42 años, está a salvo por ahora, pero sólo porque una amiga le contó sobre el cambio que se avecinaba. Se apresuró en enviar una solicitud de estatus permanente para obtener su tarjeta verde (green card), un beneficio para los inmigrantes que viven y trabajan aquí y que a menudo representa un primer paso hacia la ciudadanía.

Los seis hijos de López nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos, pero López nunca había solicitado su residencia hasta ahora.

“Lo hice tan pronto como pude por si acaso, porque nadie sabe lo difícil que será”, dijo López. “Me siento aliviada porque me enviaron una carta de confirmación hace unos días diciendo que todo está bien. Tengo una cita para mis huellas digitales”.

Aún así, López se siente preocupada por aquellos que podrían enfrentar la deportación porque dependen de la ayuda pública para salir adelante.

"Nadie tiene la misma suerte", dijo. "¿Y si no tienes el dinero este mes? Es triste."

La nueva regla de “carga pública” obliga a la gente a permanecer en la pobreza, dijo Ana Lamb, líder de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Muchos van a dejar a un lado la asistencia pública que puedan necesitar porque temen que ponga en peligro su estatus migratorio, precisó Lamb.

Más inmigrantes hispanos viven en los Estados Unidos sin ayuda pública que con ella, agregó Lamb.

Ana Lamb, una activista local de derechos civiles, dijo que la nueva regla de carga pública es inadmisible y está obligando a las personas pobres a renunciar a los servicios que necesitan para no poner en peligro su estatus migratorio. [JUAN CARLOS CHAVEZ / TIMES | Times]

“Los hispanos trabajan muy duro, pagan sus impuestos y a menudo no reciben lo que deben", dijo Lamb. "Es una política discriminatoria que se hace para instalar un nuevo filtro contra los inmigrantes legales”.

El gobierno defiende la regla como un paso hacia la responsabilidad financiera.

"La administración del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes sean capaces de mantenerse a sí mismos y tengan éxito aquí en Estados Unidos", dijo Ken Cuccinelli, director de Ciudadanía y Servicios de Inmigración en un comunicado de prensa.

Las impugnaciones de los tribunales retrasaron el inicio original de octubre de la nueva regla. El pasado 27 de enero la Corte Suprema de los Estados Unidos allanó el camino con una votación de 5-4 para que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzara a hacer cumplir la nueva regla.

Una encuesta de agosto de Hill-Harris X encontró que el 53 por ciento de los votantes registrados en todo el país creen que los inmigrantes que han utilizado ayuda gubernamental deberían poder calificar para una tarjeta verde o green card. El 27 por ciento dijo que no debería ser capaz de calificar y el 19 por ciento no estaba seguro.

La nueva regla complica los esfuerzos de muchos solicitantes de visa que buscan cambiar su estatus y extender su estancia en los Estados Unidos.

Pero también se han establecido algunas excepciones a la regla. Entre ellas figuran los refugiados, las personas a las que se les ha concedido asilo, los afganos y los iraquíes que tienen un estatuto especial de inmigrante, los peticionarios en virtud de la Ley federal de Violencia contra la Mujer y los que solicitan ciertas visas de la clase T y U, que son expedidas a las víctimas de tráfico humano y otras personas como un beneficio para alentar la cooperación con las fuerzas del orden.

Las nuevas normas más estrictas definen a los inmigrantes como carga pública si reciben uno o dos beneficios por más de 12 meses dentro de cualquier período de 36 meses. En su cálculo, las autoridades sólo considerarán los beneficios públicos recibidos directamente por un solicitante de residencia permanente. Los beneficios otorgados a otros miembros de un hogar no se aplicarán al solicitante.

Las normas definen los beneficios públicos como programas que incluyen cupones de alimentos, a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP; Ingreso Suplementario de Seguridad o SSI; Medicaid, con ciertas exclusiones; asistencia de vivienda pública a través del Programa de Bonos de Opción de Vivienda o subsidios de alquiler de la Sección 8; Asistencia en Efectivo para el Mantenimiento de Ingresos; y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.

Sam Brooke, subdirector legal del Southern Poverty Law Center en Birmingham, Ala., calificó la regla de carga pública como un intento velado de frenar la inmigración legal.

Brooke aconsejó a cualquier persona que esté buscando solicitar una tarjeta verde que haga la consulta de rigor con un abogado de inmigración antes de decidir tomar distancia de la ayuda pública.

"Esta nueva regla hará que muchas familias se enfrenten a un dilema imposible", dijo Brooke.

“Utilizar beneficios públicos que son esenciales para la salud y la seguridad de sus familias, a pesar de que hacerlo pone en peligro su capacidad para obtener la residencia legal permanente, o arriesgar el bienestar de sus familias con la esperanza de obtener una tarjeta verde.”

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