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  1. CENTRO

COVID-19 agravó el problema de los opioides en Florida. ¿Qué harán los legisladores?

El gobernador DeSantis y los líderes estatales enfrentan un aumento en casos de adicciones vinculadas al uso de Fentanyl.
Según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las muertes por sobredosis en estadounidenses aumentaron un 30 por ciento entre febrero de 2020 y febrero de 2021. En Florida murieron unas 7.700 personas por una sobredosis en ese tiempo.
Según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las muertes por sobredosis en estadounidenses aumentaron un 30 por ciento entre febrero de 2020 y febrero de 2021. En Florida murieron unas 7.700 personas por una sobredosis en ese tiempo.
Publicado Oct. 5

TALLAHASSEE - Pasó sus años entrando y saliendo de rehabilitación, dijo su padre, luchando por mantener un trabajo durante una década. En la primavera del 2020 había estado sobria durante varios meses.

Entonces, llegó la pandemia.

El lugar de tratamiento médico al que Lori Holzman, de 40 años, acudía en busca de ayuda con sus problemas de abuso de sustancias cerró y se interrumpieron las reuniones de apoyo. En abril del 2020 Holzman sufrió una sobredosis de Fentanyl y Xanax.

“Creo que ella necesitaba esas reuniones”, dijo su padre de 67 años, Stephen J. Holzman de Delray Beach. “Indirectamente, COVID la mató”.

Los legisladores estatales están regresando a Tallahassee para prepararse para la sesión legislativa del 2022 en un punto de inflexión de la crisis de opioides. Llenos de dinero en efectivo federal proveniente de demandas y ayuda para casos de pandemia, los funcionarios electos se verán obligados a encontrar soluciones a un desastre de salud pública de larga data que estalló durante la pandemia de coronavirus.

Las instalaciones de rehabilitación de drogas se enfrentan a una avalancha de pacientes, dicen los proveedores de tratamiento.

“La oleada que pensamos que iba a llegar, está aquí. Ahora están inundados”, dijo Linda McKinnon, presidenta y directora ejecutiva de Central Florida Behavioral Health Network. “La gente está más enferma. La adicción a las drogas es peor “.

También hay más personas muertas.

Según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las muertes por sobredosis en estadounidenses aumentaron un 30 por ciento entre febrero de 2020 y febrero de 2021. Florida experimentó un aumento del 34 por ciento: unas 7.700 personas perdieron la vida por una sobredosis en ese tiempo.

Los expertos dicen que el aumento se puede atribuir a dos factores principales. El acceso al tratamiento por drogas se desplomó cuando la pandemia obligó a los proveedores a cambiar drásticamente la forma en que operaban. El Departamento de Niños y Familias informó 63,357 admisiones a centros de tratamiento de drogas en 2020, una disminución del 28 por ciento con respecto a 2019. Las admisiones a tratamientos de drogas específicos para opioides cayeron un 21 por ciento.

Al mismo tiempo, una represión en todo el estado contra médicos y farmacias que operaban como fábricas de píldoras a principios de la década de 2010 ha hecho que el mercado de las drogas vuelva a la calle. A medida que los clientes buscan efectos más baratos y mejores, los distribuidores están vendiendo mayores cantidades de fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente que a menudo se fabrica en el extranjero. Esa droga fue un factor en miles de muertes en Florida en 2020.factor que cambió las

“Las reglas del juego en los últimos año han cambiado por el Fentanyl. Y la razón por la que cambia las reglas del juego es que la gente no sabe cómo usarlo “, dijo el alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri. Más tarde, agregó: “Estamos tratando de cortar el suministro, pero nunca lo ahogaremos”.

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Financiando una solución

En 2021, Florida gastó cientos de millones en tratamientos comunitarios de salud mental y abuso de sustancias. Gran parte de ese dinero provino de programas implementados a nivel federal como Medicaid y ayuda federal para las pandemias. Durante la próxima década, se espera que más de $ 1.5 mil millones lleguen al estado de varias demandas de diferentes estados contra fabricantes de opioides como Purdue Pharma, propiedad de la familia Sackler, y contra distribuidores como AmerisourceBergen, Cardinal y McKesson.

La procuradora general Ashley Moody, quien ayudó a negociar esos acuerdos, ha dicho que el estado utilizará ese dinero para reforzar sus esfuerzos de tratamiento de drogas.

La expansión de Medicaid bajo la Ley de Atención Médica Asequible traería cientos de millones de dólares federales a Florida cada año que las personas sin seguro del estado podrían usar para recibir tratamiento. Pero la expansión no ha sido un principio republicano en Tallahassee desde que se convirtió en una opción en 2014.

Dianne Clarke, directora ejecutiva de Operation PAR, Inc., dijo que el sistema de financiación para el tratamiento de la drogadicción está acentuado. Clarke dirige una organización de prevención del abuso de sustancias y centros de tratamiento y salud mental en siete condados a lo largo de la costa oeste de Florida.

Florida se ubica habitualmente en el último lugar de los 50 estados en gasto per cápita en salud conductual, anotó Clarke. La renuencia a expandir Medicaid tiene mucho que ver con eso. Según la organización sin fines de lucro Mental Health America, Florida ocupa el puesto 48 entre los 50 estados y Washington, DC, en acceso a la atención de salud mental.

Incluso los niveles sustanciales de financiación de 2021 no han ido lo suficientemente lejos como para abordar la demanda de tratamiento, dijo McKinnon. Contratar personal adicional es un desafío para los centros de tratamiento debido a la actual escasez de mano de obra, señaló. En un nivel fundamental, es difícil hacer planes a largo plazo sin dólares recurrentes, dijo.

“Hay una gran cantidad de dinero que, debido a la forma en que se redujo, no podemos usarlo de manera efectiva. Así que ese es un problema “, dijo McKinnon.

Partidas legislativas, efectividad y planes de acción

Un portavoz del presidente del Senado, Wilton Simpson, republicano por Trilby, dijo que los legisladores dedicarán tiempo durante las audiencias del comité legislativo de este otoño para verificar cómo se gasta el dinero por abuso de sustancias y salud mental. La Legislatura también está trabajando para implementar estrategias que sean más prácticas que costosas.

El senador Jim Boyd, republicano por Bradenton, fue miembro del Grupo de Trabajo Estatal de Florida sobre el Abuso de Opioides. Ese organismo, presidido por Moody, publicó un informe en abril de 2020 que detalla una serie de recomendaciones para los legisladores estatales. Entre ellos: fomentar el uso ampliado de fármacos antagonistas de opioides como Narcan, que se sabe que revierten los síntomas de una sobredosis.

Como miembro de la Cámara y el Senado, Boyd ha patrocinado propuestas para endurecer las sanciones penales para los traficantes de Fentanyl y endurecer las regulaciones sobre la prescripción de opioides. Cada una de esas medidas se convirtió en ley antes del aumento más reciente de muertes.

Pero en 2021, Boyd presentó un proyecto de ley que habría ampliado la prescripción de Narcan a cualquier persona “que pueda entrar en contacto con una sustancia controlada o una persona que esté en riesgo de sufrir una sobredosis de opioides”. El proyecto de ley murió en un comité. Boyd dijo que planea volver a presentar una versión para la sesión de 2022.

“Lamentablemente, creo que es algo en lo que todos tendremos que trabajar no solo este año, sino en los años venideros”, dijo Boyd sobre la crisis de los opioides.

Otros programas se han mostrado prometedores a nivel local. El esfuerzo del Proyecto Salvar Vidas de Jacksonville une a los pacientes hospitalizados con sobredosis con sus compañeros especialistas. La idea del programa es brindarle a un adicto un sistema de apoyo, asegurando que el paciente no se escape por las grietas de la escena de tratamiento de adicciones a menudo dispersa de Florida. Según un informe de agosto de 2020, los participantes del proyecto mostraron una disminución del 28 por ciento en las sobredosis repetidas, incluso representando la primera mitad de 2020, cuando las llamadas de sobredosis aumentaron en el área.

Un proyecto de ley de 2021 de Darryl Rouson, D-St. Petersburg, habría expandido el uso de especialistas pares al desarrollar una estructura para que el estado los autorice. Fue aprobada por unanimidad en el Senado, pero nunca se escuchó en la Cámara.

Rouson ya ha vuelto a presentar el proyecto de ley, SB 282.

“En recuperación, tenemos un dicho: ‘El valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro no tiene paralelo’”, dijo Rouson, un adicto en recuperación, en una entrevista.

Algunos esfuerzos estatales también están marcando la diferencia. Una propuesta de 2021 respaldada por el presidente de la Cámara de Representantes, Chris Sprowls, republicano de Palm Harbor, extendió la cobertura de Medicaid para las nuevas madres de hasta 60 días hasta un año. Es probable que ese esfuerzo ayude a evitar que las mujeres jóvenes vulnerables sucumban a la adicción, dijo el Dr. William Sappenfield, profesor de la USF que ha dirigido el esfuerzo estatal de recuperación de opioides maternos. Sappenfield señaló que las sobredosis son la principal causa de muerte de las mujeres durante el embarazo o hasta un año después del embarazo.

Pero Sappenfield dijo que la salud materna es solo una parte de la epidemia de opioides. Él comparó el problema con un río contaminado: “El problema ocurre río arriba. Tengo que lidiar con eso en el futuro porque está teniendo un gran impacto en las madres y las familias. Pero tenemos que resolver los problemas en sentido ascendente”, dijo Sappenfield.

Gualtieri, el alguacil de Pinellas, dijo que no le está pidiendo a la Legislatura que tome medidas drásticas. A medida que el estado se recupera de la pandemia, dijo que sería mejor actuar de acuerdo con las recomendaciones de otro grupo de trabajo creado por los legisladores estatales: la Comisión de Salud Mental y Abuso de Sustancias.

“Lo que se necesita es una revisión muy completa de los procesos y sistemas de salud mental”, dijo Gualtieri.

El primer informe del grupo de trabajo debía presentarse el 1 de septiembre de 2022.